Un parroquiano
del Bañado Sur me repetía: “Desidia,
negligencia, desprolijidad, comprobadas, es corrupción sistémica”.
Según la
TGC, toda ignorancia en la ocultación del poder, provoca el sostenimiento de la
corrupción sistémica y con ella, la injusticia.
Ahora con
la realidad del informe de la Contraloría sobre el uso del dinero público,
todos los actores, ya sean éstos gobernadores o intendentes, deben responder
por los perjuicios, en virtud de lo que dispone la Carta Magna sobre la función
pública. Si pretendemos vivir en un Estado de derecho, que trata de mejorar la
comprensión de la población, acerca de la responsabilidad de un funcionario
público.
Todos los
actos, hechos y prácticas de corrupción, por constituirse en un perjuicio
patrimonial y moral contra el Estado; deben ser reparados y sujetos de
indemnización, a favor de las escuelas, centros de formación primaria de toda
democracia.
Es cierto
que todo lo constatado por la Contraloría, constituye un delito de corrupción,
en perjuicio de los más necesitados: niños y jóvenes. Que sin posibilidad de
salir del atraso, por la politiquería en el manejo del dinero público,
destinado a escuelas y colegios de la República.
Si esta
ignorancia en la ocultación del poder, no puede ser aclarada, ante la opinión
pública del país: el descreimiento de la población hacia la política se
acentuará. Quedando el buen sentir de la justicia, solo para los débiles.
Al ser
comprobados los perjuicios al erario, los responsables deben ser penalizados.
La
corrupción sistémica no respeta cargo o partido, ni le importa si es amigo o
pariente. Su único objetivo es recaudar cada día más a favor de una estructura
de poder.
Por ello es
que si no baja la ignorancia, en la administración
del dinero público, generado con el sacrificio de millones de ciudadanos, la
corrupción tampoco puede disminuir. Todo queda a la suerte y al sálvese, en luchas solitarias contra
sistemas de corrupción.
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