“Esta presunción—me decía un parroquiano del Bañado Sur—no debe figurar en el plano de lo económico,
porque actualmente la corrupción sistémica hace estragos al ciudadano común”.
Según la TGC, el poder corrupto,
es aquel que permite, con involucramiento directo o negligencia, la primacía de
la ignorancia en la ocultación, dentro de su estructura y funcionamiento.
Por la mala utilización de
los poderes, empresas que explotan recursos naturales del país, pueden
aprovecharse de la desinformación y obtener ingentes beneficios, a costa del
perjuicio general.
Con claridad, es hora de que
la ciudadanía comience a movilizarse, también, contra la ocultación que
promueven, ciertas autoridades gubernamentales, en aras de su propia promoción
o beneficio patrimonial. Solo así podría comenzar a corregirse este abuso, que
manipula el principio de “presunción”, en el derecho, al servicio de la
corrupción sistémica.
En el mundo comercial, la figura
de “presunción de buena fe”, resulta todo un dogma. Pero cuando se cometen los
atropellos, los más afectados resultan ser los menos favorecidos de la
sociedad.
Cuando se tratan de “créditos
internacionales”, el principio es el mismo. Las fuentes de financiamiento no
importan, ni mucho menos si el Estado genera actualmente los ingresos
suficientes como para honrar la deuda.
Esto atenta contra los
principios constitucionales de autonomía del Estado y de la autodeterminación
de un pueblo, que debe asumir la carga y consecuencias de la mala política de
sus representantes. Esa es la corrupción de más alto nivel, que por carencia de
aplicación científica en la legislación, ni siquiera figura como acto
tipificado.
Así es como las
desprolijidades, de los encargados de impartir justicia, caen contaminadas por
el flagelo. Podríamos decir que somos uno de los pocos países en que se conoce
todo, pero en el cual no se puede aplicar la ley sin privilegios.
Hasta los propios campesinos
e indígenas se siente arrasados en sus tierras, sus hogares y áreas de cultivo,
por la deforestación que se promueve con la excusa de la rentabilidad de la
ganadería y los agros negocios. Sin
embargo, la subsistencia de las familias autóctonas es de orden público y
representa de cumplimiento obligatorio constitucional: Por el principio de que
el interés general, siempre estará por
encima del interés particular.
De no cumplirse así, la
ignorancia en la ocultación, seguirá a caballo de la corrupción, en connivencia
con autoridades, despojando y a la vez deforestando.
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