La corrupción y la presunción

“Esta presunción—me decía un parroquiano del Bañado Sur—no debe figurar en el plano de lo económico, porque actualmente la corrupción sistémica hace estragos al ciudadano común”.

Según la TGC, el poder corrupto, es aquel que permite, con involucramiento directo o negligencia, la primacía de la ignorancia en la ocultación, dentro de su estructura y funcionamiento.

Por la mala utilización de los poderes, empresas que explotan recursos naturales del país, pueden aprovecharse de la desinformación y obtener ingentes beneficios, a costa del perjuicio general.

Con claridad, es hora de que la ciudadanía comience a movilizarse, también, contra la ocultación que promueven, ciertas autoridades gubernamentales, en aras de su propia promoción o beneficio patrimonial. Solo así podría comenzar a corregirse este abuso, que manipula el principio de “presunción”, en el derecho, al servicio de la corrupción sistémica.

En el mundo comercial, la figura de “presunción de buena fe”, resulta todo un dogma. Pero cuando se cometen los atropellos, los más afectados resultan ser los menos favorecidos de la sociedad.

Cuando se tratan de “créditos internacionales”, el principio es el mismo. Las fuentes de financiamiento no importan, ni mucho menos si el Estado genera actualmente los ingresos suficientes como para honrar la deuda.

Esto atenta contra los principios constitucionales de autonomía del Estado y de la autodeterminación de un pueblo, que debe asumir la carga y consecuencias de la mala política de sus representantes. Esa es la corrupción de más alto nivel, que por carencia de aplicación científica en la legislación, ni siquiera figura como acto tipificado.

Así es como las desprolijidades, de los encargados de impartir justicia, caen contaminadas por el flagelo. Podríamos decir que somos uno de los pocos países en que se conoce todo, pero en el cual no se puede aplicar la ley sin privilegios.

Hasta los propios campesinos e indígenas se siente arrasados en sus tierras, sus hogares y áreas de cultivo, por la deforestación que se promueve con la excusa de la rentabilidad de la ganadería y los agros negocios. Sin embargo, la subsistencia de las familias autóctonas es de orden público y representa de cumplimiento obligatorio constitucional: Por el principio de que el interés general, siempre estará por encima del interés particular.

De no cumplirse así, la ignorancia en la ocultación, seguirá a caballo de la corrupción, en connivencia con autoridades, despojando y a la vez deforestando.