“La sombra de la
corrupción sistémica, ampara en las compras públicas, simulando imparcialidad y
supuesto progreso”—decía un parroquiano de Pilar.
Según se ha estudiado en la TGC, la ignorancia pone todos
los recursos posibles, al servicio del poder.
Esta claridad que se vislumbra, hoy, sobre los hechos, actos
y prácticas corruptas, de los funcionarios públicos, nos muestra el resultado
de la implantación de un gobierno comercial, carente de alcance político.
Un mandato de éstas características, seudo-economicistas,
que solo se aviene a cerrar ciertos números macros, y seguir manteniendo el
privilegio para unos y la discriminación en cuanto a los servicios básicos para
la gran mayoría: Va de contramano a la directriz establecida por nuestra Carta
Magna, al instaurar en 1992, un ESTADO SOCIAL DE DERECHO.
Es cierto, la ignorancia lleva bastante la delantera en el
país, hasta se diría que es parte de la tradición y el folclore, la cual es
advertida tras cada proceso electoral, al caer en saco roto, la promesa de
bajar o derrotar a la corrupción.
En lo referente a la realidad, de la corrupción sistémica,
muy permeable en todas las instituciones, cabe destacar la necesidad de su
estudio profundo; de modo a no pretender aplicar imparcialidad, pero seguir
descargando beneficios a los acomodados.
En América Latina y entre vecinos, estamos iguales; la
corrupción sistémica nos marcó a todos, y la posibilidad de reconocer esta verdad
afecta al poder mismo de las naciones, demostrando con suma claridad la
importancia de la libertad, en democracia, para llegar a la virtud.
“Costó llegar a este
estado en América Latina; para demostrar que la corrupción es la madre de los
poderes y que solo curando se progresa”—remarcaba el pilarense, con
absoluta precisión.
Al procederse mal con la citada imparcialidad, en la función
estatal, los actos deben ser identificados y juzgados. Y, tal vez, bajo este
ambiente, la simple disculpa o error, justificando a la ignorancia, no pueda
salvar a los sindicados: sean electos, en voto popular, o designados para
ejercer una función en nombre del pueblo.
Aquí es donde aparece la justicia y la imparcialidad, que
debe proceder sobre todos los actos, hechos o prácticas de los funcionarios,
tan manoseados políticamente, en cualquier sistema, cuando algún miembro sea
indiciado en compras o beneficios, en perjuicio de los intereses del país.
Antes de llegar a ésta democracia, en tiempos donde no
existía libertad de expresión ni de acción, lo frecuente era la simulación de
una supuesta imparcialidad, pero teniendo como norma la ignorancia y la
corrupción sistémica.