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La corrupción y los proveedores del Estado

—“Aquí en nuestro país tenemos leyes claras y muy realistas contra la corrupción sistémica; pero sin la voluntad de una buena aplicación”—me decía un asunceno al hablar de los proveedores del Estado; tanto de productos  como de servicios.
Según la TGC, el poder que no baja la ignorancia en la ocultación, conduce a la injusticia.
La costumbre de simulación, tan común en toda estructura corrupta de un Estado, es utilizada en todo poder autoritario, para callar con “participación” económica, a cualquier miembro activo de la sociedad. Así se sostiene la democracia bananera.

Esta modalidad aún subsiste en las contrataciones entre los proveedores del Estado, aquí en nuestro país; con grandes discursos de supuesta transparencia, que últimamente están cayendo en la burla, por lo demostrado por la prensa a la opinión pública.
La gente va comprendiendo la urgente necesidad de unificar toda penalidad, para el respeto de la Ley, sin ignorancia, en cualquier contratación pública. Para posibilitar la competencia libre, conforme a nuestro sistema actual, democrático, representativo y social de derecho. Claridad, libertad y virtud, en bien de todos los habitantes de la República.
La supuesta interpretación, a favor de los amigos correligionarios y parientes, que deben ser denominados y regulados como funcionarios públicos, debe ser corregida y mejorada. Porque afecta a la hora de investigar y encontrar responsables, en los casos de corrupción.
Este es el marco que nos exigen las convenciones internacionales anticorrupción, que hemos aprobado como país. Solo así, se logrará luchar con eficiencia contra el flagelo; generando una buena administración. Sin hacer excepción alguna, al constatarse los actos, hechos o prácticas de corrupción, en cualquier tipo de negocios con el Estado.

No se puede seguir atropellando contratos, a favor de los parientes y demás allegados, sin ser aplicada ninguna sanción a los transgresores, ante una prohibición expresa de la Ley. De lo contrario, la ignorancia, primará en la aplicación de la norma. Lo cual genera desconfianza en todo el orden jurídico. 

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