“¡La intención en la democracia vale tanto—
me repetía un parroquiano del Alto Paraná— al
ser aliada de la corrupción sistémica aquí!”
Según la
TGC el poder oscurece la razón, si no
respeta el debido proceso. Al ser de
conocimiento público, cualquier hecho, acto o práctica de corrupción sistémica,
deben tomar cartas, los representantes
de la administración del Estado, siendo responsabilidad absoluta ante los
ciudadanos su solución. Ya sea con la penalización o la corrección de los
autores, directores y autorizantes en toda la estructura.
Solo así
podría hablarse de Estado de derecho; capaz de hacer cumplir y buscar la
armonía en bien de los ciudadanos, cumpliendo así su responsabilidad como
funcionarios públicos ante el país.
¿Será esta justicia la que buscan nuestros
conciudadanos, de tierra adentro al mencionar la intención de sanear la
representación pública? Hace que pidan la adopción de medidas contra los
responsables, de las grandes obras mal ejecutadas y hoy causantes de perjuicios
irreparables. Con todos los defectos, autoridades siguen ufanándose, de que las
obras “podían haber costado más”
Estas
travesuras de la politiquería “de
boca”, tan acostumbrada a los cargos públicos, pero no a la responsabilidad de
cuidar el patrimonio público. Así es desde hace décadas, y se aplica a
directores, ejecutores y testaferros.
Solo la
claridad, la libertad y la virtud, pueden revertir esta intención nefasta, de
endeudar al país bajo la excusa de las obras
a los apurones.
Las
demostraciones de bajar la corrupción
en el país, está atrayendo a propios y extraños, en todo el mundo; por ser
aquella, un flagelo tan empotrado en Latinoamérica,
en nombre de la permanencia de amigos, parientes y correligionarios, a su
orden. Para sacar beneficios personales en perjuicio del bien común.
Esta ignorancia que nos agobia en detrimento
de todos, solo puede ser vista y comprendida en una democracia verdadera, con
respeto de las leyes, y teniendo a los servidores públicos como los únicos
responsables de las obras públicas, dentro de la estructura del poder estatal.
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