La
situación de los intereses económicos, amparados en la “libre empresa”,
convierte en trampa legal, cuando entra a tallar la ignorancia interpretativa,
a favor de la corrupción sistémica.
Según la
TGC, toda ley tiene dos caras: una de corruptis
y otra de justicia. Es decir, una sola interpretación puede llevar a la
sabiduría o la ignorancia e injusticia.
En teoría económica,
la facultad de cobrar y recaudar a favor de quienes manejan el poder fáctico
financiero, sobre la generalidad de los ciudadanos, cobrando intereses por
créditos de consumo de hasta el 56 % de interés, resulta una anomalía y no una
regla admitida por la ley, como quieren hacer entender ciertos grupos de
opinión.
Así es como
muchos trabajadores con sueldo mínimo, terminan perdiendo hasta lo poco que
tienen, al no poder cubrir la deuda.
Los
representantes del pueblo están tratando de esclarecer estos negociados,
llamados trampas “legales”, que afectan a los incautos de la propaganda
económica del “crédito fácil y rápido”.
El poder
legislativo, pretende reducir hasta un máximo del 30 % el porcentaje de los
intereses.
La
corrupción, sostenedora de esta industria usuraria, en contra de miles de
ciudadanos, sirviéndose, de los poderes fácticos, comienza el amedrentamiento con
la famosa “acción de inconstitucionalidad”. Para seguir prevaleciendo en sus
ganancias extremas, en contra de los usuarios, normalmente forzados a realizar tales
créditos por el monopolio e inflación crecientes, descompensada con los salarios,
convirtiendo una pretensión comercial en el más obscuro sistema de corrupción
intraley.
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