Una
parroquiana iracunda de Asunción me dice: “La fe pública en los controles
está ausente, así como en la vida del país”.
Según la TGC
el poder es naturalmente corrupto, sin ética.
Como el poder
y la ignorancia hacen la corrupción, lo único que debemos comprender es la
forma de bajar su elemento dinámico: la ignorancia. Eso puede realizarse
por medio del derecho.
“¡Pero se
ha comprobado institucionalmente los perjuicios causados en los
medicamentos!”–agregó con furia.
Nadie disiente
sobre esa claridad ante la opinión pública, cuya noticia, da fe que ha
ocurrido y que es muy perjudicial para nuestra democracia social de derecho;
pero, también es bueno, ya que permite comprobar, conocer y curar del mal
número uno, que es la corrupción.
“Mi pobre
tía hasta la muerte me repetía: ‘estos medicamentos son todos falsificados’–recordó.
No podemos generalizar,
pero lo cierto es que la ética puede ser útil a un gobernante; pero no
baja la injusticia en los manejos públicos. Para eso está el
derecho y su cumplimiento.
“Hay leyes
claras que penalizan estos actos corruptos” –reafirmó la dama.
Justamente al
existir estudios sobre los grados de la ignorancia y los funcionarios
públicos, nunca pueden alegar ignorancia por el principio de responsabilidad.
Esto es lo
bueno en la democracia: podemos peticionar y exigir cumplimientos a los
encargados, sin estar “con el Jesús en la boca” y aplaudiendo la diferencia a
favor de los gobernantes de los poderes públicos.
Sabemos
también que toda “ley” tiene dos cabezas: una de verdad y otra “de corrupti”.
Los encargados
de las funciones, algunos serán libres y otros responsables, por la sistematicidad
implementada en estos actos, hechos y prácticas de la gran corrupción, por ende,
muy difícil de esclarecer en justicia.
Es la
interpretación de la ley, la primera que debe someterse a este análisis. De
lo contrario prima lo que la TGC denomina “teoría del velo”, o de
vector de ignorancia en toda función estatal o pública como principio de
sustentación del poder.
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