La responsabilidad y la corrupción

Una parroquiana de Ca’aguazú me afirma: “La responsabilidad de los funcionarios se encuentra en todos los comportamientos corruptos en su función”.

Según la TGC, la responsabilidad en la función púbilca no admite ignorancia.

Esta situación afirmada por alguien que está viviendo los actos, hechos y prácticas de la corrupción sistémica, que distingue perfectamente la diferencia entre un ciudadano común y otro que está encargado de cuidar, mantener y hacer florecer, incluso, el bien común.

Si ellos no cumplen a cabalidad ese compromiso de responsabilidad, hay ignorancia e injusticia, en su accionar.

Aquí vamos distinguiendo la intención de lo subjetivo de los funcionarios, que pretende muchas veces esconder la objetividad de los sistemas de corrupción. Solo con esa clara identificación podremos ir bajando los niveles del flagelo en nuestro país y el mundo.

Al no clarificar estos conceptos, en la lucha fácilmente los encargados de las funciones públicas pueden alegar ignorancia o error, en el cumplimiento cabal de sus funciones, arguyendo cualquier imposibilidad o interpretación política.

En países más adelantados, ya existen doctrinas jurídicas sobre la “ignorancia deliberada”, ante cualquier acto, hecho o práctica de los encargados de justicia.

Pero aquí, aun teniendo el antídoto, sigue prevaleciendo el accionar del “ñembotavy”, típico, “made in Paraguay”.

“Y el famoso mi amigo”, agregaba eufórica la dignísima señora.

Nuestras leyes anticorrupción, son bastante adelantadas, así como nuestro Código Penal, pero necesitamos hacer modificaciones y ajustes para cumplir los requerimientos de las Convenciones internacionales, aprobadas y ratificadas por el país.

Solo manejando los criterios para una lucha objetiva anticorrupción, tendremos la posibilidad de bajar este flagelo de la gran corrupción en el país y el mundo, siguiendo los lineamientos teóricos comprobados de la Teoría General de la Corrupción (2011 y 2015).

Constituye una ciencia social y una nueva didáctica escolar, para que lo legal en la administración de justicia se actualice y ya no sea una herramienta de distorsión e ignorancia, para el abuso de poder; devolviendo la importancia a la función pública, en la superación de la corrupción sistémica.