“Si la
ciencia está demostrando que la política forma parte de la gran corrupción, ¿No
es momento de conocer más y tratar de disminuir seriamente el flagelo?”, me aseguraba
una parroquiana de Ciudad del Este.
Según la TGC, la política es la ciencia de la
acción, la cual se nutre de la ciencia social. Por eso, al plantear la
definición de la “gran corrupción”, teniendo una Teoría General Jurídica propia
y una doctrina, el curacionismo, cumple con un requisito esencial de autonomía
de estudio.
Este estudio puede ser remitido a cualquier
ciudadano, que tenga un alto interés democrático; que sostenga la claridad, la
libertad y la virtud como guías didácticas, de modo a prevenir a la gente de
este flagelo mundial.
“Ahora me
doy cuenta, perfectamente, que cuando entramos en lo político, dejamos de lado
lo jurídico”, decía la dama esteña.
Eso sucede comúnmente en toda lucha
anticorrupción, en la actualidad como en el pasado; ya que nunca antes fue
posible demostrar y separar convincentemente las dos características de la
corrupción: subjetividad y objetividad, la cual se logra al tener la Teoría
General de la Corrupción, dando posibilidad a los administradores de justicia de
tratar de mejorar la penalización.
“¡A
nombre de la mayoría, en política, pensamos dejar de lado la razón del derecho
y la ley misma!”, decía eufórica la ciudadana.
Si bien reconocemos que toda política es
confrontación de intereses, generalmente personales, fácilmente los números de
mayoría, terminan pretendiendo ser prueba, para mostrar cierto grado de razón,
incluso en contra de la ley. Por eso se ha establecido un nuevo factor en la
ecuación de la corrupción: la variable de ignorancia (Teoría General de la Corrupción, 2015).
Se ha llegado al colmo de “hacer hablar a la Carta Magna”, buscando darle una interpretación
favorable a las pretensiones, como si se tratara de un simple contrato privado.
Así es como se ha tradicionalizado el
delito de prevaricato en todo
estrado, siendo, increíblemente, los propios impulsores de estos atropellos,
funcionarios públicos, electos por el pueblo y nombrados por sus
representantes, para administrar justicia.
Pero tales actos, hechos y prácticas de
corrupción, hoy pueden ser totalmente desactivados, anulados, acorde a las
leyes pre-establecidas, en vigencia y en concordancia de los convenios y
acuerdos firmados en la lucha anticorrupción.
Por eso, repetimos, como la mujer del Alto Paraná,
la ciencia social es la base de la ciencia política; por ende, los políticos
deben actualizarse, para entender esta cuestión estratégica y comenzar a
practicar la buena política. Terminar con el recitado y las promesas.
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