La política y la corrupción

“Si la ciencia está demostrando que la política forma parte de la gran corrupción, ¿No es momento de conocer más y tratar de disminuir seriamente el flagelo?”, me aseguraba una parroquiana de Ciudad del Este.

Según la TGC, la política es la ciencia de la acción, la cual se nutre de la ciencia social. Por eso, al plantear la definición de la “gran corrupción”, teniendo una Teoría General Jurídica propia y una doctrina, el curacionismo, cumple con un requisito esencial de autonomía de estudio.

Este estudio puede ser remitido a cualquier ciudadano, que tenga un alto interés democrático; que sostenga la claridad, la libertad y la virtud como guías didácticas, de modo a prevenir a la gente de este flagelo mundial.

“Ahora me doy cuenta, perfectamente, que cuando entramos en lo político, dejamos de lado lo jurídico”, decía la dama esteña.

Eso sucede comúnmente en toda lucha anticorrupción, en la actualidad como en el pasado; ya que nunca antes fue posible demostrar y separar convincentemente las dos características de la corrupción: subjetividad y objetividad, la cual se logra al tener la Teoría General de la Corrupción, dando posibilidad a los administradores de justicia de tratar de mejorar la penalización.

“¡A nombre de la mayoría, en política, pensamos dejar de lado la razón del derecho y la ley misma!”, decía eufórica la ciudadana.

Si bien reconocemos que toda política es confrontación de intereses, generalmente personales, fácilmente los números de mayoría, terminan pretendiendo ser prueba, para mostrar cierto grado de razón, incluso en contra de la ley. Por eso se ha establecido un nuevo factor en la ecuación de la corrupción: la variable de ignorancia (Teoría General de la Corrupción, 2015).

Se ha llegado al colmo de “hacer hablar a la Carta Magna”, buscando darle una interpretación favorable a las pretensiones, como si se tratara de un simple contrato privado. Así es como se ha tradicionalizado el delito de prevaricato en todo estrado, siendo, increíblemente, los propios impulsores de estos atropellos, funcionarios públicos, electos por el pueblo y nombrados por sus representantes, para administrar justicia.

Pero tales actos, hechos y prácticas de corrupción, hoy pueden ser totalmente desactivados, anulados, acorde a las leyes pre-establecidas, en vigencia y en concordancia de los convenios y acuerdos firmados en la lucha anticorrupción.

Por eso, repetimos, como la mujer del Alto Paraná, la ciencia social es la base de la ciencia política; por ende, los políticos deben actualizarse, para entender esta cuestión estratégica y comenzar a practicar la buena política. Terminar con el recitado y las promesas.