Un parroquiano del Bañado Sur, muy ofuscado me decía: “A los funcionarios públicos debemos
cuidarlos; para aguantar la corrupción sistémica”.
Aunque parezca contradictoria su afirmación, la Teoría
General de la corrupción (TGC), lo explica con esta premisa: “Toda ignorancia es y será aprovechada por
el poder, en el grado que fuere”.
La sola emisión de las palabras “funcionario público”,
genera una chorrera de dudas legales, cuando se trata de calificar los
servicios y las personas vinculado al sistema estatal. Una confusión, en
términos de interpretación normativa, podría ser calificada de ignorancia.
Según la gramática española, funcionario, es todo aquel que
sirve al Estado. El pleonasmo “funcionario público”, corriente en los países de
la región, no ayuda mucho a la descripción de la realidad, necesaria para
juzgar correctamente los hechos.
La expresión, se refiere a todo aquel que presta un servicio
al estado; sea electo por voto popular o nombrado. Sin embargo, muchos hicieron
correr la versión callejera, de que los votados por la gente, están excluidos
de esa calidad, solo en virtud de la Ley 1626/00, que así lo establece,
erróneamente, por cierto. Usar este criterio restrictivo, para una cuestión
general, interpretativa, trae aparejado lo que denominamos ignorancia en la ocultación del poder.
La Constitución Nacional, las Convenciones internacionales
anticorrupción ni el Código Penal, establecen tal diferencia, resultando por
ende una norma automáticamente derogada, inaplicable y ajena a la
interpretación correcta en cuanto a los sujetos de derecho.
Ahora bien, el abuso de estos funcionarios se manifiesta
también, en el trato. Como lo que le pasó a un ciudadano, cumplidor y puntual en
sus facturas de servicios públicos, al cual le hicieron llegar una doble, con
el sello de “último aviso”. Con el
fin de verificar si constaba el pago de la factura anterior, llamó al call center de la ANDE, pero le
respondieron que no podían ofrecerle respuesta alguna. Le “ordenaron” que
llamara el lunes para hacer su reclamo.
Ante la solicitud expresa del usuario, de que le haga el
favor de darle esa información, que se presupone está en su base de datos,
recibió como respuesta evasivas, tonada alta de voz y como conclusión la
colgada del teléfono, por parte de la “amable” funcionaria.
El muy mentado derecho del consumidor y usuario, aún se
encuentra distante de nuestros lares. Nuestra democracia va creciendo y
tratando de comprender la claridad, la libertad y la virtud; para lograr bajar
este flagelo mundial: la corrupción
sistémica. En esta la ley se convierte en letra muerta, porque los
encargados está a la caza y pesca de servirse de la ignorancia, la tolerancia y
hasta si se quiere, la bondad de quienes pagan para sostener sus gigantescas
estructuras.
En un Estado social de derecho, no es el ciudadano quien
debe cuidar del Estado; sino que los funcionarios están pagados, para dirigir
los esfuerzos y recursos, para la satisfacción de la comunidad, sin exclusiones
ni privilegios.
Todas las instituciones del país, están abandonadas, a la
espera del ruego de los ciudadanos, para que alguien se digne en atenderlos. Encima,
siguen endeudándonos por más generaciones, para cubrir los costos de décadas de
corrupción en las obras públicas, las binacionales y los entes
descentralizados.
Parece ser costumbre acuñada, para quien detenta un cargo,
cumple una función o simplemente presta ocasionales servicios, auto-concederse la
potestad de servirse como suya de la cosa pública. Un objetivo transversal
dentro de un poder corrupto, implantado gracias a la ignorancia del pueblo, al
servicio y cuidado de intereses económicos parciales.
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