Una parroquiana de Asunción me dice: ¿Que los políticos apresen a una
luchadora contra la corrupción en el país y dejen libres a los desfalcadores?
Según la TGC el poder es necesario, pero con respeto al Estado de derecho
social.
Aquí se plantea la disyuntiva, de la falta de respeto de una norma, de
parte de la luchadora social en tiempo de pandemia, por un lado; pero al
mismo tiempo, la encausada, ciudadana indignada, relaciona y pregunta porqué
algunos indiciados y señalados por actos, hechos y prácticas de la corrupción
salen tan rápidamente.
Se mofan con la plata del país como funcionarios y
la justicia les favorece –insistió ofuscada la señora.
En primer lugar, debes tener en cuenta que somos pocos, un país chico y donde
nos conocemos todos; y los amigos, compueblanos y correligionarios hacen la
justicia, rifando y burlándose de aquellos que piensan bajar la ignorancia,
como es el caso de la luchadora social.
Pero el gobierno dijo que “caiga quien caiga” y ahora todos salen impolutos
–recordó.
Esto es producto de países pobres y harapientos, donde la política se
confunde estomacalmente y los luchadores, como peligro social al molestar a los
supuestos electos, nombrados y designados en los Estados.
Esto es una vergüenza para todo el país, ante el mundo, por estar
ocurriendo en democracia.
Indudablemente hay grandes perjuicios cuando al Estado de derecho se
manosea y obstruye a través de los poderes, en la interpretación de la ley y
la Constitución, y con los discursos acaramelados de decir que se luchará
contra la injusticia.
Mientras, los perjuicios a los bienes públicos seguirán, en poder de los
funcionarios, ya sean electos o nombrados, conforme a Constitución y tratados internacionales
anticorrupción, al no admitir una interpretación sin ignorancia social.
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