La Convención acomodada y el curacionismo

Una parroquiana de Pilar me pregunta si cuál es la función de las Convenciones Anti-corrupción ratificadas por nuestro país y los acomodados en la función pública.

Según la TGC, la ignorancia tiene sus grados y se aplica en la ley.

Llama la atención a la gente que hemos firmado Convenciones Anticorrupción donde se definen y señalan claramente quiénes cometen delitos de corrupción sistémica, utilizando sus cargos públicos, en beneficio personal con perjuicio directo para el erario.

“¿Por qué entonces no se aplican esas convenciones a los actores y para qué sirven si no se usan?” –cuestionó la pilarense.

La cuestión no es tan fácil. En primer lugar, se debe modificar la legislación y entender el valor de la ignorancia. Así, por ejemplo: los ignorantes acomodados, son los encargados directos de administrar justicia. Se encuentran en el tercer grado de ignorancia y su buen entendimiento puede ayudar a la generalidad a buscar la justicia, respetando la ley.

Pero si estos acomodados no llegan a cumplir y utilizan sus cargos para su beneficio propio y el de sus allegados y empresarios interesados, la resultante será la injusticia, en perjuicio de todos. Sin distinción alguna de raza, sexo, edad o partidos políticos.

La corrupción es algo material al tener un valor y, por ende, se debe resarcir, ya que siempre los actos, hechos y prácticas son realizados utilizando las instituciones públicas.

“Tampoco me parece justa las penas aplicadas a los corruptos declarados, es muy leve y el perjuicio causado muy grande” –afirmó.

Por eso le hemos tratado de explicar la ignorancia y sus grados y también la implicancia en la función pública, según el Art. 8 del Código Civil, el 106 de la Constitución y concordantes.

Ahora, la mayor incidencia en la vida de las naciones, políticamente hablando, es que ningún funcionario público puede alegar ignorancia de la ley o el derecho. Y las Convenciones están para su aplicación después de la Constitución Nacional, en grado de responsabilidad jurídica.

Ahora, para aplicar y usar, se debe adecuar e integrar el derecho. Solo así se podrá empezar a curar todos los actos públicos. A eso se da en llamar doctrina de la curación social.