Hablar de la lucha anticorrupción en Paraguay o en cualquier país latinoamericano, es hablar de hipocresía.
Se parte de un hecho dado, de un prejuicio, de un juicio de valor que considera a los actos de corrupción como un tipo de conducta criminal más.
Con esa "suposición" se pretenden aplicar legislaciones de prevención y sanción para tales conductas de los llamados "funcionarios públicos".
Es decir, primero se discrimina a los funcionarios públicos, de las autoridades que se encuentran a cargo de los "funcionarios que prestan ese servicio al Estado". De tal manera que los legisladores, ya no son funcionarios públicos, aunque su presupuesto en el escalafón de gastos de la nación sea el más elevado.
Segundo, se desconoce la raíz del problema, y ni siquiera se define con precisión a la corrupción.
Simplemente se crean instituciones que presentan la característica de estar "atadas" nuevamente al poder político, y es justamente este poder político al que tienen que investigar, precisamente cuando el fenómeno de la corrupción se halla institucionalizado, sistematizado, por ende "legalizado".
El axioma es simple: "Si no conoces el mal, antes que curarlo deberías intentar conocerlo con el mayor detalle posible".
No se puede recetar a ciegas
Por ello, los mecanismos anti corrupción siguen dependiendo de la "predisposición política", no separando lo estrictamente científico de los práctico y necesario para llegar a un verdadero y eficaz método anti corrupción.