Una parroquiana de Asunción me dice: Parece que hay prueba de fuego
entre los poderes.
Según la TGC los poderes hacen la vida de los Estados en cualquier
sistema político. En nuestra democracia social de derecho, ningún poder puede
ni debe primar sobre los otros dos. Obligando a los funcionarios públicos a
respetar y hacer respetar estrictamente este principio de responsabilidad constitucional.
–Eso dice la Constitución, pero ya fue alterado tal principio, en la
propia Cámara, al sancionar a una representante sobre la base de sus declaraciones
en sesión –acotó.
Aquí nos damos cuenta de lo bueno de una democracia de verdad, ya que se
da participación a todos, opinando y dejando en manos del poder interpretador,
el juzgamiento de cualquier posible quebrantamiento de la convivencia de los
ciudadanos, de acuerdo a lo preestablecido en la Carta Magna.
–Por eso digo que hay prueba de fuego entre los poderes…
Efectivamente, al no respetarse un principio constitucional, pensando
hacer prevalecer un reglamento interno-administrativo, sobre la propia norma
constitucional, superior en prelación, solo por cumplir un objetivo político
sectario o reaccionario, al servicio de los parlamentarios. El interés general
queda reducido a cenizas, convirtiendo las decisiones en contrarias a lo
público.
–Pero eso ocurrió –insistió la ciudadana –y ahora el poder
judicial debe solucionarlo.
Claro, justamente, esa es la función de este poder, encargado de la
interpretación de las controversias entre poderes y entre los ciudadanos. Si la
solución es correcta y justa habrá confianza. Pero, si no resuelve de manera
rápida y eficaz, primando el siempre reutilizado “la mayoría es la
que manda”, en contraposición al derecho y el deber de los funcionarios, será
un paso más a favor de la corrupción sistémica, que hoy tiene su prueba de
fuego a nivel mundial.
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