El deseo

 Una contadora de Pilar me dice: “Si el Banco es del Estado y es multado por el Banco Central, ¿quién paga la multa?”

Según la TGC el poder y sus instituciones tienen representantes, que son responsables sociales por derecho público.

Aquí se plantea una corrupción sistémica muy interesante, ya que el Estado es una figura jurídica que brinda cause legal a la política en acción, donde al cometer injusticia sus representantes también configuran la corrupción sistémica.

Al utilizar de esa forma sus funciones, estos representantes, tienen una responsabilidad también económica, con su peculio personal, debiendo pagar esa multa impuesta a la institución bancaria. Caso contrario, la  famosa multa, tan promocionada y publicitada como sanción, queda al hombro de todos los habitantes del país, dueños del banco, jurídicamente, en un Estado de Derecho.

“¿Quiere decir que pagamos todos el “gran deseo” de los funcionarios con sueldo de primer mundo? Esto parece más una cobertura de pasivos pasados entonces...no una sanción.” -sentenció.

Así funciona la gran corrupción con signo positivo, llevando la perfecta simulación al pueblo: como los puentes en constante derrumbe en el país.

Entonces, ¿de cuál control en la lucha estamos hablando?

Sencillo, es un control y blanqueamiento de los amigos y correligionarios. Estamos en latinoamérica, la ignorancia es la regla común en los manejos de la cosa pública. Encima con visos de una democracia social de derecho.

Hoy, por cierto, todos los candidatos están reconociendo esta realidad, que campea en todo el Estado.

Pero, ¿qué pasará mañana? Si es que llegan a ganar, ¿será que superará con su deseo a la estructura de la gran corrupción?

“Nosotros en el interior estamos acostumbrados a seguir la broma política, dando rienda suelta a los predicadores”

En verdad que la broma en un ambiente, es tal vez la forma más segura de recuperar rápidamente a una población diezmada por necesidades; aprovechada hábilmente, publicitando multas, aumentando la deuda pública y olvidando cuidar los bienes públicos, sin exigir a los funcionarios que respondan con sus sueldos, por los descuidos o bromas pasadas, cometidas en perjuicio de la Constitución del Estado.