Me preguntaba, de modo reiterativo, un alberdeño: “¿Los plazos, son respetados en las
funciones públicas?”.
Según la TGC, la ignorancia y el poder hacen a la corrupción
sistémica.
La democracia otorga la oportunidad de peticionar; pero no
puede solucionar los problemas de interpretación, en el cumplimiento de los
plazos, y mucho menos distinguir entre derecho civil y derecho administrativo,
para juzgar correctamente el proceder dentro de la función pública.
Aquí nace justamente la ignorancia en movimiento, al
acomodar casos, relativos a actos, hechos y prácticas de las funciones
públicas, de acuerdo a los intereses personales, olvidando su carácter objetivo
y principalmente negando, la imposibilidad de cambiar o crear, lo que no está
expresamente permitido en la norma constitucional.
De los cargos, así como de los poderes, hasta hoy, “nadie se
ha manifestado cansado” (La ignorancia y la corrupción.1999.Blanco
León, F).
A la fecha, ningún
representante del poder, accede tan voluntario a renunciar o ceder su lugar,
llegado el plazo que corresponde a su mandato.
Ahora, en el marco de una democracia, de acción y libertad,
se debe respetar lo establecido y no tratar de darle una interpretación
acomodada y caer, con ello, en corrupción sistémica, sinónimo de injusticia,
muy común en América Latina
históricamente.
Esta claridad, libertad y virtud nos posibilita demostrar la
ignorancia en la ocultación de los poderes, al tratar de dar primacía a la
voluntad subjetiva, en cuanto a las atribuciones del cargo, con el único afán
de continuar “libando las mieles del poder”, aún a costa de un cargo
deslegitimado por el atropello ético.
La facilidad de caer en corrupción sistémica, al no respetar
los plazos preestablecidos, es inmensa, al no poder modificar, cambiar o
ajustar la ley, en el derecho público, solo con tinta de circunstancia o de
mayoría política.
“Así debería de ser
aquí, como en cualquier parte del mundo civilizado”, concluía este
alberdeño no conforme con la injusticia.
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