LOS CONTRATOS Y LA CORRUPCIÓN

Un parroquiano camionero me aseguraba: —“Existe corrupción a favor de los amigos, en los bitrenes…”

Según la TGC, la ignorancia no puede ser alegada siendo funcionario. Aquí se abre un callejón sin salida, a los funcionarios públicos del país, al tener relacionamientos desde sus puestos en las instituciones y algunos “contratos públicos”, ya que deben responder como únicos responsables ante las leyes de la República.

“Hoy hemos demostrado la relación de un ministro con las empresas interesadas en la prestación del servicio de bitrenes, que vendría a ser como una concesión”—repetía el ciudadano.

El valor de la democracia de verdad, con el cuarto poder, es que no permite burlar tan fácil con maquillaje burocrático, al estilo siglo XIX, los sistemas de beneficio monopólico o irregular, fundamentados en contratos amañados. Esta siempre novel democracia, tan manoseada a favor de la fuerza, imponiendo intereses, para enriquecer a parientes, amigos y correligionarios desde cargos ocasionales o temporales, ya exige mejoría, para seguir subsistiendo en la categoría de Estado de derecho.

“Si vamos a las leyes y tratados aceptados y refrendados por nuestro país, en la lucha anticorrupción; todos cometen corrupción sistémica”, se escuchó decir a un profesional de entre los manifestantes.

“Si los encargados de administrar justicia no ejecutan tal infracción— repetía el ofuscado camionero— ¿para qué se firmaron?”

“Aquí hay contratos preestablecidos, firmados, con rango constitucional, cuyo cumplimiento hace al respeto de los mismos”— repetía otro compañero.

“¡Ya estamos cansados de la farsa!”, gritaba otro.

La corrupción sistémica siempre tiene móviles. Un interés de los propios servidores públicos, tratando simuladamente alegar llevar un gran progreso social para el país y a los bolsillos de sus allegados del momento.

Ya Latinoamérica y principalmente Paraguay con sus limítrofes, sobran de ejemplos de corrupción. Hasta existen condenados; pero sus ganas de llegar al poder siguen, olvidando que está en el siglo XXI, donde la gente distingue perfectamente la carga al Estado por parte de estos carcomidos por la ignorancia y la corrupción.

Por eso, el Estado debe tener claramente identificados a los responsables de las obras públicas, de estructura vial, transporte y otros servicios públicos. No fomentar una cadena de tercerizaciones e incumplimientos que se heredan de gobierno a gobierno; siendo el pueblo, el principal pagador y perjudicado por tales contratos.