Un parroquiano
camionero me aseguraba: —“Existe
corrupción a favor de los amigos, en los bitrenes…”
Según la
TGC, la ignorancia no puede ser alegada siendo funcionario. Aquí se abre un
callejón sin salida, a los funcionarios públicos del país, al tener
relacionamientos desde sus puestos en las instituciones y algunos “contratos públicos”, ya que deben
responder como únicos responsables ante las leyes de la República.
“Hoy hemos demostrado la relación de un
ministro con las empresas interesadas en la prestación del servicio de
bitrenes, que vendría a ser como una concesión”—repetía el ciudadano.
El valor de
la democracia de verdad, con el cuarto poder, es que no permite burlar tan
fácil con maquillaje burocrático, al estilo siglo XIX, los sistemas de beneficio monopólico o irregular,
fundamentados en contratos amañados. Esta siempre novel democracia, tan
manoseada a favor de la fuerza, imponiendo intereses, para enriquecer a parientes, amigos y correligionarios
desde cargos ocasionales o temporales, ya exige mejoría, para seguir
subsistiendo en la categoría de Estado
de derecho.
“Si vamos a las leyes y tratados aceptados y refrendados por nuestro país, en la
lucha anticorrupción; todos cometen corrupción sistémica”, se escuchó decir a un profesional de
entre los manifestantes.
“Si los encargados de administrar justicia
no ejecutan tal infracción—
repetía el ofuscado camionero— ¿para qué
se firmaron?”
“Aquí hay contratos preestablecidos,
firmados, con rango constitucional, cuyo cumplimiento hace al respeto de los
mismos”— repetía otro
compañero.
“¡Ya estamos cansados de la farsa!”, gritaba otro.
La
corrupción sistémica siempre tiene móviles. Un interés de los propios servidores
públicos, tratando simuladamente alegar llevar un gran progreso social para el país y a los
bolsillos de sus allegados del momento.
Ya Latinoamérica
y principalmente Paraguay con sus limítrofes, sobran de ejemplos de corrupción. Hasta existen condenados; pero sus ganas de
llegar al poder siguen, olvidando que está en el siglo XXI, donde la gente distingue perfectamente la carga al
Estado por parte de estos carcomidos por la ignorancia y la corrupción.
Por eso, el
Estado debe tener claramente identificados a los responsables de las obras
públicas, de estructura vial, transporte y otros servicios públicos. No
fomentar una cadena de tercerizaciones e incumplimientos que se heredan de
gobierno a gobierno; siendo el pueblo, el principal pagador y perjudicado por
tales contratos.
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